Por medio de esta carta abierta, las organizaciones y personas firmantes queremos hacer pública nuestra visión sobre las medidas que consideramos necesita el país para afrontar los impactos que la pandemia del COVID-19 tendrá en la sociedad panameña.
La situación que vive el país a causa de la pandemia del COVID-19 representa un notable desafío que deberá ser enfrentado superando concentración de riquezas y la exclusión que han caracterizado hasta ahora al sistema socioeconómico. Es el momento de enfrentar la situación por medio de políticas públicas basadas en el bien común, el cual, sobre todo en las actuales circunstancias, solo se puede lograr con la práctica de la solidaridad efectiva.
La crisis internacional, caracterizada por la hegemonía del capital financiero especulador y profundizada a niveles insospechados por la actual pandemia, así como la necesaria política de distanciamiento social y cuarentena –indispensable para detener la expansión del virus–, están teniendo graves repercusiones para nuestra población de la capital y el interior: cierres de empresas, despidos, suspensión de contratos de trabajo, así como dificultades para los trabajadores informales y por cuenta propia, entre otras.
En estos momentos, las políticas de emergencia deben tener dos objetivos fundamentales. En primer lugar, asegurar a toda la población los medios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, pues se trata de defender la vida y asegurar la preservación de la fuerza de trabajo. En segundo lugar, asegurar al sector salud el personal necesario, el capital financiero y los insumos imprescindibles para seguir afrontando la pandemia y evitar futuros nuevos brotes.
Teniendo en cuenta lo anterior, los siguientes lineamientos deben formar parte de las políticas públicas que se adopten para mitigar los efectos de la pandemia:
1. Negociar la moratoria del pago de los servicios de la deuda externa con el 31 % del Presupuesto Nacional del Estado 2020 que estaba destinado a ello. Esto representa más de 7 mil millones de balboas que deben destinarse a:
Fortalecer el sistema público de salud (Minsa y CSS), dotándolo de los recursos necesarios. Se hace evidente que la actual situación llama a promover el modelo de atención primaria de salud, basado en la prevención, así como la investigación científica en todos los niveles.
Asegurar los puestos y fuentes de trabajo de la población durante y después de la crisis. Esto significa que ningún trabajador sea despedido. El Gobierno debe hacer un esfuerzo por apoyar a las empresas en dificultades, para lo cual deberá utilizar los fondos crediticios disponibles, así como los que provengan de una reestructuración del presupuesto, que reduzca significativamente el peso de la deuda pública. Hay que dar especial atención a las pequeñas empresas, que son las más vulnerables
1. Asegurar la distribución suficiente y despolitizada de medios de subsistencia y capacidad adquisitiva a quienes no cuenten con ingresos para atender sus necesidades básicas. Una manera de hacerlo sería por medio de una renta básica universal de emergencia, así como declarar una verdadera moratoria sobre los cobros de los servicios básicos, las hipotecas y los créditos de consumo (incluyendo los intereses).
2. Instaurar una nueva política destinada a proteger al productor nacional por medio de la compra de su producción. La actual situación demuestra la importancia de la producción interna de bienes básicos.
3. Una vez terminada la crisis, será imperante buscar más equidad en el sistema tributario, evitando que el servicio de la nueva deuda pública recaiga sobre los trabajadores, las capas medias, las pequeñas empresas y productores. Deberán ser los sectores con más altos ingresos los que carguen mayormente con este costo.
4. Impedir que luego de la crisis sanitaria se introduzcan reformas al Código de Trabajo que quiten derechos y desmejoren las condiciones laborales a los trabajadores y trabajadoras. Del mismo modo, hay que asegurar que, una vez superada la crisis sanitaria, todas las personas cuyos contratos hayan sido suspendidos, retornen a sus puestos con los mismos términos y condiciones anteriores a la suspensión.
5. Iniciar un programa agresivo de inversión pública nacional para mejorar las infraestructuras de salud, educación y vivienda, así como garantizar la protección integral de la población vulnerable mediante programas sociales de atención y transferencias monetarias condicionadas.
6. La pandemia del COVID-19 ha desnudado el carácter desigual, excluyente y ambientalmente insostenible del Estado panameño posinvasión. Este, lejos de haberse articulado para garantizar el bienestar colectivo y los derechos humanos de la población por medio de sus instituciones y políticas públicas, ha servido como herramienta para que un grupo reducido de familias, clanes políticos y consorcios se apoderen de las riquezas producidas por el país en los últimos 30 años. Una vez superada la peor etapa de la emergencia sanitaria que nos ocupa hoy, llegará el momento de plantearnos la refundación del país mediante una constituyente plena.
Dado en la ciudad de Panamá, el 7 de abril de 2020
Firmantes:
Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), Colectivo Masa Crítica, Unión General de Trabajadores (UGT), Federación Sindical (FS), Casa Sindical, Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Asociación de Educadores Democráticos de Panamá (Aedpa), Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), Coalición Internacional de Mujeres y Familia (Cimuf), Movimiento Independiente de Refundación Nacional (Miren), Movimiento Democrático Popular (MDP), Polo Ciudadano, Colegio de Sociólogos de Panamá, Nelva Reyes (maestra), Juan Jované (economista), Alonso Ramos (sociólogo), Exonobel Quintero (dirigente sindical), Aniano Pinzón (dirigente sindical), Pedro Hurtado (dirigente sindical), Fernando Abrego (dirigente gremial), Briseida Barrantes (socióloga), Glee Torrealba, Augusto García (economista), Félix Villarreal (comunicador social), Walkiria Chandler D'Orcy (diputada suplente por libre postulación), Florencio Díaz (sociólogo), Jesús Alemancia (sociólogo guna), Dr. Claudio Betts (diplomático de la Carta Global de Salud Pública de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública), Dra. Carmen Carrington (miembro de la Sociedad Panameña de Salud Pública), Jorge Sarsanedas (sacerdote jesuita), Richard Morales (politólogo).
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