El Título V de la Constitución Política de la República de Panamá relativa al Órgano Legislativo, en su Artículo 159, nos dice: ‘La función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declaradas en esta Constitución...'. Además, señala 17 funciones legislativas y 11 funciones administrativas.
Se comprende que cuando las diputadas y los diputados del país realizan una propuesta legislativa en cumplimiento de sus funciones, previamente han hecho una revisión respecto de las normas aprobadas previamente, para que no hayan contradicciones o no se legisle sobre normas que ya existen. De hecho, para ello, es que las diputadas y diputados deben tener su equipo técnico que les brinde asesoría al respecto.
Sin embargo, es muy preocupante la forma en que se proponen leyes en el Palacio Legislativo desde hace varios años, desconociendo normas jurídicas que ya se encuentran contenidas en otras leyes, que incluso, en lo que al tema de género se refiere, se han desarrollado con el aporte de especialistas en el tema y que fueron aprobadas luego de meses y en algunos casos, de años de discusión. Ejemplo de dichas normas, la Ley 71 de 23 de diciembre de 2008, que creó el Instituto Nacional de la Mujer o, como lo fue la Ley 82 del 24 de octubre de 2013, ‘Que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer'.
El Instituto Nacional de la Mujer es la entidad rectora en materia de implementación de la igualdad de oportunidades de las mujeres y en sus últimos años, con pocos recursos, implementó 14 centros a nivel nacional, que han servido de apoyo a mujeres en las provincias y comarcas.
Por otro lado, la Ley 82, creó el Comité Nacional Contra la Violencia Contra la Mujer, Convimu, responsable de la coordinación interinstitucional, la promoción y el monitoreo de las campañas de sensibilización y de la generación de espacios de discusión para la concertación e impulso de políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres y del femicidio.
Aunado a ello, desde 1995 existe el Consejo Nacional de la Mujer (Conamu), como un organismo asesor para la promoción y desarrollo de las mujeres en la vida política, social, y económica del país.
Pese a lo anterior, el pasado jueves 8 de agosto una nutrida delegación de mujeres acudimos a la Asamblea Nacional de Diputados, para participar en la discusión de los siguientes anteproyectos de leyes, presentados por la diputada Zulay Rodríguez: 1) ‘Por el cual se regulan los Centros de Atención Integral a la Mujer', 2) ‘Que Crea el Observatorio de Políticas Públicas para la Mujer'; 3) Que crea el Patronato contra la Violencia Doméstica y la Violencia de Género'. Este último ya en la Asamblea pasada se había presentado, y tanto el Instituto Nacional de la Mujer como el Consejo Nacional de la Mujer, se sustentó que lo establecido en el anteproyecto ya estaba contenido en la Ley 82 de octubre de 2013, generando que en ese momento se archivara, pero hoy, se vuelve a presentar.
Desde nuestro punto de vista, este proyecto deja la responsabilidad de la vida de las mujeres a un patronato cuando es un deber del Estado velar por la seguridad del 50 % de su población. Por ello, junto a otras mujeres y organizaciones de mujeres planteamos que estos proyectos sean retirado de la discusión de la Asamblea, ya que su contenido se encuentra en otras normas aprobadas en el pasado, y lo que corresponde es fortalecer dichas instituciones dotándoles del presupuesto necesario y de las condiciones aptas para que puedan cumplir a cabalidad sus funciones.
Es incongruente que, existiendo ya los espacios creados por distintas normas, para implementar las políticas públicas en favor de la igualdad de oportunidades de las mujeres y que ya el Gobierno actual ha manifestado públicamente la intención de crear el Ministerio de la Mujer, se presenten proyectos que lo que ocasionarían sería debilitar las instancias creadas por leyes anteriores, para los mismos propósitos. Si las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional mantienen preocupación por las mujeres, podrían materializar dicha preocupación aprobando los fondos requeridos a la hora de revisar el Presupuesto General del Estado, para poder con ellos enfrentar de mejor forma la violencia hacia las mujeres, a través de campañas de prevención permanentes, la creación de más centros del Instituto Nacional de la Mujer en más comunidades, así como la creación de albergues en todas las provincias. Estas y otras son deudas pendientes con las mujeres, en las cuales no se ha visto la voluntad política de la Asamblea Nacional de Diputados en décadas.
AUTOR:
NELVA REYES BARAHONA
SECRETARIA GENERAL
CENTRAL GENERAL AUTÓNOMA DE TRABAJADORES DE PANAMÁ (CGTP).
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