La lucha en contra del contrato minero ha sido movilización tras movilización que no ha dejado un rincón del país que no se haya movilizado
El Capítulo 7° de la Constitución Política de la República de Panamá referido al Régimen Ecológico hacen referencia a la responsabilidad que tiene el Estado en cuidar el ambiente. De forma concreta, el artículo 119 dice: “El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas”.
El contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá SA, es todo lo contrario a lo contenido en nuestra constitución.
Sin duda, quienes elaboraron dicho contrato y sobre todo quienes lo negociaron, no les corre sangre istmeña, o desconocen la lucha que en defensa de la patria ha sido llevada a cabo por miles de panameñas y panameños. Estos señores desconocen o quieren desconocer lo que ha significado este istmo, este territorio, por el cual ha transitado la nobleza de nuestra juventud ofrendando sus vidas. La lucha que el pueblo panameño hizo por la recuperación del enclave colonial que tenía Estados Unidos en el corazón de nuestro territorio, hoy se le entrega a una empresa minera, mediante la concesión a 20 años prorrogables de 12,955.1 hectáreas de tierra con todo lo que se posee en ellas, dándoles el derecho de controlar absolutamente todo, porque pueden hacer allí lo que así deseen. Esa empresa transnacional lo único que le interesa es esquilmar hasta el último mineral y dejar nuestra tierra sin fuerza para poder producir ni un grano de arroz.
El Estado panameño tiene que pedirle cuentas a quienes desde un inicio negociaron este leonino contrato, como a los presidentes que han ocupado el Palacio de las Garzas desde 1997 hasta hoy, así como a los 45 diputados que votaron a favor del contrato minero.
A través de este contrato, el gobierno le ha dado a Minera Panamá facultades y derechos, que suman diecisiete, entre las que está que se exonera el pago de impuestos, tasas y gravámenes a la empresa y sus afiliadas sobre todo lo que importen en el país; tienen el derecho de usar y desviar los canales naturales de aguas cuando sus actividades lo requieran; tienen el derecho directamente o a través de terceros de construir y operar plantas para generar energía o cualquier tipo como hidroeléctrica, eólicas y térmicas entre muchas otras más; de tener servidores públicos expeditos para distintos trámites administrativos; entre otras, y todo a cambio de diez dólares por hectárea.
Este contrato que entrega nuestra soberanía, nuestros recursos y la dignidad de la Patria a First Quantun ha hecho renacer el sentimiento patriótico en cada uno de los panameños. Es así que mediante hechos sin precedentes, desde norte a sur y desde este a oeste, el pueblo panameño se ha movilizado en contra del contrato, en todas las provincias, los distritos, los corregimientos, las comarcas. El pueblo ha dicho ¡no al contrato!
Si bien en el pasado, se han dado luchas importantes en el país, debemos recordar que entre las más grandes, como cuando se dio la lucha contra el régimen militar, esta se concentró en la ciudad de Panamá, y en algunos sectores concretos. Además, cuando en el 2005 se dio lo de la reforma a la Caja de Seguro Social, hubo una participación importante también en la ciudad de Panamá, y en casi todas las provincias, pero no al nivel de ahora.
La lucha en contra del contrato minero ha sido movilización tras movilización que no ha dejado un rincón del país que no se haya movilizado. Los educadores de todo el país inician con un paro y luego una huelga indefinida, las centrales obreras, los campesinos, indígenas, la juventud y la ciudadanía en general ha dicho basta, cansados de engaños, de no cumplir con los acuerdos establecidos en luchas llevadas a cabo, y por la falta de respeto recurrente de quienes nos gobiernan hacia la ciudadanía sin un ápice de vergüenza. Pero además el alto costo de vida, el desempleo, el trabajo informal en fin una cadena de hechos que hacen cada día más difícil la vida a una gran mayoría de panameños.
El objetivo que se planteó la población ante tanta ignominia es la derogación de la Ley 406. Hay un sentir en el pueblo panameño y es la eliminación de la explotación minera en todo el territorio nacional. Por ello consideramos que en donde se ha dado la explotación de las minas, se lleve a cabo un plan donde los empleos deben ser transformados con un plan ambiental y laboral.
Frente a la oposición del pueblo, hubo mutismo del gobierno, represión desmedida, muertes, personas detenidas, heridas, la descalificación de los movimientos sociales, y el chantaje y la mentira que el gobierno nacional ha tenido con las necesidades de la población, indicando que el dinero proveniente de la mina resolvería todos los problemas que nos han dejado.
Los problemas socioeconómicos del país tienen que estar basados en modelos y planes sustentables y no en la minería que destruirá nuestro territorio y que no es para nada sustentable. No descansaremos hasta lograr su derogación mediante las vías posibles para ello.
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