Luis Inácio Lula Da Silva durante una conferencia de prensa en Brasil. |
La Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá se une al pronunciamiento de la Confederación Sindical Internacional (ITUC / CSI) que condena la situación que vive la democracia y el movimiento sindical en Brasil.
La reciente destitución de la presidenta Dilma Rousseff quien fuese electa democráticamente en elecciones limpiamente celebradas en octubre del 2010, representa un duro golpe a la figura de la democracia en America Latina.
Es clara la presencia de intereses contrapuestos con la política social instaurada por los gobiernos de Lula Da Silva y Rousseff, quienes lograron reducir la brecha de inequidad existente en Brasil.
Hoy nuevamente se pretende golpear la imagen de los trabajadores y sindicalistas brasileños a través de estrategias y argucias legales, sumadas a una serie de acusaciones infundadas contra el dirigente del Partido de los Trabajadores y figura Sindical, Luis Inácio Lula Da Silva.
Refrendamos nuestra posición en contra de cualquier intento que pretenda atentar contra las libertades democráticas y sindicales, a la que tienen derecho todos los seres humanos. El ataque infundado a las organizaciones de trabajadores y sus líderes, en Brasil, claramente representa un atentado contra los derechos de los y las trabajadoras Brasileños.
Condenamos abiertamente cualquier intento de atentar contra los derechos de los trabajadores, en cualquier parte del mundo, creemos que la libertad sindical y el derecho de los trabajadores de agremiarse y escoger de forma autónoma a sus dirigentes y representantes, deben ser considerados por extensión parte de los derechos que todo ser humano debe ostentar.
Nos unimos al llamado de la CSI en favor de los derechos de los y las trabajadoras Brasileños y en favor de los derechos del compañero Luis Inácio Lula Da Silva.
Reproducimos a continuación el pronunciamiento de la CSI sobre el caso de Lula Da Silva.
Las denuncias de la Fiscalía contra el expresidente Lula ponen en entredicho el sistema judicial brasileño
Según la CSI, las acusaciones del fiscal Deltan Dallagnol contra el expresidente brasileño Lula (en las que recicla las falsas afirmaciones de que ocultó la propiedad de un apartamento en la playa de Guarujá y alega que comandaba una enorme red de corrupción) están poniendo en entredicho el sistema de justicia de Brasil.
El juez populista Sérgio Moro, cuyas apariciones diarias en los medios de comunicación le han convertido en una súper estrella del grupo mediático de derechas Globo, tiene ahora la facultad de decidir si presentar cargos formales en base a las acusaciones. En marzo, Moro se vio obligado a pedir disculpas al Tribunal Supremo brasileño por haber intervenido ilegalmente el teléfono de Lula.
Varios abogados especializados en derechos humanos, incluido el famoso jurista británico Geoffrey Robertson, han respaldado la demanda que Lula interpuso ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por los continuos pero infundados ataques contra su persona. Según Robertson, “Lula ha presentado su caso ante las Naciones Unidas porque no puede obtener justicia en Brasil con el sistema inquisitorial actualmente en vigor. El mismo juez que está invadiendo su privacidad en este caso puede ordenar su detención en cualquier momento y convertirse en el juez de instrucción que decidirá si es culpable o inocente sin la presencia de un jurado”. La CSI apoya este caso debido a la negación sistemática de los derechos fundamentales de Lula.
Numerosas personas en Brasil, incluidos algunos de los opositores más destacados de Lula, han criticado las medidas de Dallagnol, pues aseguran que podrían perjudicar gravemente a las investigaciones en curso sobre la corrupción de la llamada operación “Lava Coches” (Lava Jato). Uno de los abogados de la acusación, Roberson Pozzobon, desató ayer una tormenta de críticas al afirmar en una conferencia de prensa: “No tenemos pruebas, pero estamos convencidos”.
Sharan Burrow, la Secretaria General de la CSI, declaró: “El sistema judicial brasileño está ahora en entredicho, pues los poderosos intereses corporativos pretenden utilizarlo para atacar a Lula, a su Partido de los Trabajadores y al enorme legado de más de una década de progreso social y económico. Nosotros y nosotras apoyamos a Lula y nos oponemos firmemente al abuso del poder judicial que están utilizando para perseguirle. Las últimas maniobras suponen un mayor riesgo para la democracia y los derechos y constituyen una conveniente cortina de humo para el gobierno dirigido por Michel Temer, quien tras haber destituido a la presidenta Dilma Rousseff en un golpe político está impulsando las privatizaciones, las ventas de activos y los planes para destruir el código laboral. Con el pretexto de lograr una solución para los actuales desafíos fiscales de Brasil, se están provocando daños irreparables al futuro del país”.
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Puede ver la nota original en el portal de la CSI:
http://www.ituc-csi.org/las-denuncias-de-la-fiscalia
http://www.ituc-csi.org/las-denuncias-de-la-fiscalia
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