Panamá ya no tolera más gobiernos corruptos, el pueblo panameño está harto de que le roben y dilapiden los recursos de todos los panameños que hoy producen y trabajan por el país.
Hoy, en los albores del siglo XXI, la clase trabajadora debe mantenerse atenta y en pie de lucha para garantizar la defensa irrestricta de los derechos laborales que se han alcanzado, a través de esta lucha centenaria. El camino no ha sido fácil, la clase patronal y los grandes intereses económicos han pugnado permanentemente por imponer y mantener sobre la clase trabajadora un pesado yugo que la mantenga oprimida, sin derechos laborales, sin seguridad social, sin salarios justos, sin acceso a buenos servicios de salud pública y a una educación de calidad.
Al igual que hace 138 años los trabajadores y trabajadoras del mundo mantenemos la lucha por la equidad salarial, igual trabajo igual pago, seguimos de pie, luchando por el libre derecho a organizarnos y porque el salario mínimo recibido por el fruto de las jornadas trabajadas sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de la familia trabajadora, seguimos luchando por el derecho a tener acceso a una seguridad social que garantice de forma solidaria el bienestar de quienes trabajaron y aportaron a la sociedad por décadas y hoy están jubilados.
En estos últimos 34 años de vida democrática, los trabajadores y trabajadoras de Panamá han resistido el embate de siete gobiernos que han trabajado en una gran medida por velar los intereses de la oligarquía panameña, que está representada a través de las cámaras y asociaciones de la clase patronal, esos mismos que nos mandan a buscar agua al río, o que sostienen que la educación pública no puede ser de calidad, porque afectaría a los intereses de quienes controlan la educación privada, esos mismos que mantienen los monopolios y oligopolios sobre sectores estratégicos como el de los alimentos básicos y los medicamentos, incrementando los precios de los mismos para satisfacer sus arcas en detrimento del propio pueblo panameño.
Todos los gobiernos de estas últimas dos décadas se han visto envueltos en casos de corrupción, desde el caso Cemis, el de Blue Apple, el de Odebretch hasta el más reciente caso de los auxilios económicos del Ifarhu, los últimos cuatro presidentes: Torrijos, Martinelli, Varela y Cortizo le deben al pueblo panameño cuentas por los actos cuestionables durante sus administraciones.
Panamá ya no tolera más gobiernos corruptos, el pueblo panameño está harto de que le roben y dilapiden los recursos de todos los panameños que hoy producen y trabajan por el país. En este mismo periodo de 20 años, estas cuatro administraciones han cuadriplicado la deuda pública, jugando con el futuro de la niñez y juventud panameña, por lo cual tendrán, que trabajar para generar los recursos de pagar una deuda, que no se tiene claro en que se gastó.
Estos mismos cuatro gobiernos generaron las condiciones y establecieron las bases legales, de forma ilegal y anticonstitucional, para generar una de las mayores lesiones patrimoniales a nuestro país, la aprobación a que sobre nuestra tierra se establecieran proyectos mineros a tajo abierto, generando un desastre ecológico y una lesión a nuestro patrimonio natural, de proporciones inconmensurables y es que no se puede medir cuánto vale la vida de un árbol o cuánto valen las vidas de cientos de miles árboles y de los cientos de miles de especímenes que viven en el bosque y la selva tropical, que poblaba los cerros de la región de Donoso y hoy ha sido devastada por la transnacional minera First Quantum Minerals.
Panamá vale más sin minería y el pueblo panameño habló fuerte y claro, la mina se cierra y la compañía minera extranjera se tiene que ir y resarcir a Panamá por el desastre multimillonario que causaron.
Los embates de la clase patronal, que pretenden reducir los derechos adquiridos para tener una atención médica y una jubilación digna. La clase patronal busca implementar los planes y medidas paramétricas para terminar de privatizar la CSS.
Los jóvenes que logran terminar sus estudios en el sistema público y acceden a una educación superior enfrentan la dura realidad de no encontrar trabajo. Hoy el 24% de los jóvenes panameños se encuentra desempleado y otra gran parte está subempleada informalmente, atendiendo trabajos precarios en los que normalmente no se reciben los derechos laborales y se carece de seguridad social.
Este es el escenario que vive nuestro país antes del 5 de mayo, 2024. El reto para quien gobierne el país es enorme y quien lo asuma deberá gobernar con transparencia de la mano de los intereses de todo el pueblo panameño y no de unos cuantos.
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