Diciembre de 2019, mes que cada año se celebra en Panamá el día de la madre, este año, ha sido teñido con sangre de ocho madres y mujeres víctimas de la violencia. Eran mujeres jóvenes muertas por femicidio, y otras por la violencia social.
Nos indignamos ya que desde el 2003 hemos venido planteando de manera sistemática a las diversas autoridades que se tomen medidas para prevenir la violencia contra las mujeres.
En el 2003 llevamos al alcalde Navarro un documento donde le planteamos, entre otras medidas, control en el expendio de bebidas alcohólicas, campañas de prevención a la violencia, pero ninguna fue tomada en cuenta.
Durante 36 meses, los 25 de cada mes estuvimos en diversas instituciones demandando justicia para las mujeres violentadas y asesinadas y visibilizando el problema de la violencia contra las mujeres. Considero que estas manifestaciones llevaron a que se hablara de la violencia en diversos sectores.
En el 2009, nos presentamos a la Corte Suprema de Justicia con un conjunto de demandas, para exigir seguridad y respeto a los derechos humanos de las mujeres Los magistrados no tomaron ninguna de las medidas o incidieron en otras instancias para evitar la violencia contra las mujeres.
El 25 de noviembre de 2015, fuimos nuevamente a la Corte, en donde presentamos el documento: “Declaración por la vida y el bienestar de las mujeres”. Le señalábamos a los magistrados “…Igual hemos observado como cada año aumentan los casos de niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidas, sin que haya una búsqueda activa e interés por parte de las autoridades de encontrarlas. Detrás de las lesiones y cicatrices que nunca se borran de la memoria de esos cuerpos, hijos e hijas sobrevivientes para quienes no hay políticas de atención ni equipos multidisciplinarios que den respuesta integral a las secuelas de la violencia”.
Igualmente, le reiterábamos a los magistrados en la declaración del 25 de noviembre de 2015 entre otras demandas las siguientes:
“Hoy, igual que hace seis años, demandamos fondos públicos para:
Les deseo que en el nuevo año tengamos salud, para seguir luchando por un país solidario, humano, justo sin violencia, sin corrupción e impunidad.
- Acompañamiento legal a las víctimas en todo el proceso contra la violencia en cada provincia y comarca del país.
- Brazaletes electrónicos de calidad y elevada seguridad, y personal capacitado para el monitoreo adecuado de victimarios;
- Casas de acogida o albergues para las mujeres violentadas y sus hijas e hijos con equipo multidisciplinarios para la atención de sobrevivientes, sus hijas e hijos.
- Campañas educativas de prevención de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, dirigidas a docentes, comunicadores sociales, autoridades, mujeres y hombres en las comunidades.
- Que el Estado impulse políticas para detener la violencia contra las mujeres, las afrodescendientes, mujeres indígenas, la trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual y uso de la imagen de la mujer como objeto sexual.
- Impulsar una política contra el abuso sexual hacia las niñas y adolescentes ya que son miles las embarazadas, cuyas vidas son truncadas y sin esperanzas de ninguna clase.
- Instalar una unidad investigativa especial para las denuncias de secuestro y desaparición de niñas, adolescentes y jóvenes.
- Elevar la violencia contra las mujeres a una política de Estado.”
Por ello nos indignamos más de 15 años; y de diferentes formas y a través de diversas organizaciones hemos planteado de manera reiterada las medidas que se deben seguir para prevenir la muerte de mujeres, pero éstas no se han dado. A los gobiernos pareciera que no les preocupa la situación tan grave que viven las mujeres. Este año 2019, hasta noviembre habían más de 15,600 denuncias de violencia doméstica. Y solo entre el 2014 y 2019, sin contar este diciembre, 127 mujeres han sido víctimas del femicidio, y 66 en grado de tentativas. Fueron mujeres entre los 18 y 49 años, siendo las edades de 18 y 29 años la mayor cantidad de víctimas.
Señor Presidente, se requiere con urgencia una política de Estado que promueva e impulse en todos los corregimientos del país por medio de equipos, como los CINAMUS, donde haya una trabajadora social, una psicóloga, una abogada, una orientadora familiar, que contribuya en la formación por comunidad tanto de hombres como mujeres con enfoque de género, lo cual ayudará cómo así lo demuestran los 14 CINAMUS establecidos por el INAMU en la gestión de la licenciada Liriola Leautau.
Dar continuidad a esta experiencia por medio de los corregimientos con el apoyo del Instituto Nacional de la Mujer. Desde luego hay que capacitar a los representantes de corregimiento, alcaldes, gobernadores, a la policía para que impulsen esta política del respeto a una vida sin violencia.
Les deseo que en el nuevo año tengamos salud para seguir luchando por un país solidario, humano, justo sin violencia, sin corrupción e impunidad.
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